En los últimos días se desató una fuerte polémica en el ámbito político y mediático tras las declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, contra Ian Moche, un joven activista de 12 años con diagnóstico de autismo, en un cruce que fue calificado como un ataque injustificado y agresivo hacia un menor de edad.
La controversia se originó cuando Lemoine, invitada a un programa televisivo para opinar sobre la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores, desvió la discusión e hizo referencia a Moche de manera directa. Allí puso en duda su condición de persona con autismo, sugiriendo que “actúa de autista” y que su participación en medios y redes responde a intereses políticos, insinuando que su entorno —especialmente su madre— lo utiliza para obtener visibilidad mediática.
Las expresiones de la diputada generaron un inmediato rechazo en redes y en sectores de la sociedad, que consideraron sus palabras como una estigmatización de una condición neurodivergente y un ataque hacia un niño.
Respuesta de la madre de Ian
La madre de Ian Moche respondió con firmeza a las declaraciones de Lemoine, defendiendo la veracidad del diagnóstico médico que su hijo tiene desde la infancia y repudiando las insinuaciones que lo sitúan como un instrumento de “figura mediática”. Según explicó, Ian fue diagnosticado con autismo desde los 2 años y medio y su activismo se basa en su propia experiencia, con un enfoque en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión social.
Desde el entorno de Ian recalcaron que la utilización política del caso por parte de la diputada no solo resulta ofensiva, sino que contribuye a la discriminación y la desinformación sobre las condiciones de las personas neurodivergentes.
Repercusiones
El episodio no pasó desapercibido y reactivó el debate sobre la responsabilidad política y mediática al hablar de salud mental y discapacidad, especialmente cuando se trata de menores de edad. Muchos usuarios y comunicadores señalaron que Lemoine cruzó una línea ética al cuestionar públicamente el diagnóstico de un niño y vincularlo a supuestos intereses políticos de su familia.
La situación pone nuevamente en foco la necesidad de manejar con sensibilidad y respeto las discusiones públicas que involucren a personas con discapacidades, y subraya los riesgos de la desinformación cuando proviene de figuras públicas con alcance mediático.
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