La desinformación digital se consolidó en los últimos años como uno de los principales desafíos para la democracia en América Latina. Lejos de tratarse de hechos aislados, distintas investigaciones advierten sobre la existencia de campañas organizadas, sofisticadas y, en algunos casos, promovidas desde el exterior, que buscan influir en el debate público, erosionar la confianza ciudadana y condicionar procesos políticos y electorales.
El fenómeno se apoya en el uso intensivo de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, donde circulan noticias falsas, videos manipulados, cuentas automatizadas y contenidos diseñados para generar impacto emocional. Especialistas en comunicación describen estas estrategias como intentos deliberados de “confundir el escenario informativo”, dificultando que la ciudadanía distinga entre información veraz y desinformación.
Uno de los aspectos más preocupantes es el rol de las grandes plataformas tecnológicas. La reducción de herramientas de moderación y transparencia, junto con cambios en los sistemas de verificación, facilitó la proliferación de contenidos engañosos y discursos de odio, especialmente en redes abiertas como X (ex Twitter) y Facebook. Este contexto favorece la viralización de mensajes extremos y la manipulación del debate público.
Las campañas de desinformación tienen un impacto directo sobre los procesos electorales. Según el informe analizado, estas acciones suelen iniciarse incluso antes del comienzo formal de una campaña, mediante el monitoreo constante de tendencias y audiencias. El objetivo es instalar narrativas que socaven la legitimidad de las instituciones, debiliten la confianza en el sistema democrático y desplacen la discusión de propuestas hacia acusaciones infundadas o teorías conspirativas.
En Argentina, durante 2025, autoridades judiciales y electorales alertaron sobre la circulación masiva de contenidos falsos, incluyendo el uso de inteligencia artificial para la clonación de voces e imágenes (deepfakes). Se documentaron casos de videos manipulados y ofertas de pago para difundir mensajes políticos, con indicios de participación de redes vinculadas a intereses extranjeros, especialmente en contenidos relacionados con la guerra en Ucrania y la política local.
Si bien demostrar de manera concluyente la autoría externa resulta complejo, el informe identifica patrones recurrentes: financiamiento opaco, uso de criptomonedas, cuentas automatizadas y narrativas adaptadas al contexto argentino para maximizar su impacto. A esto se suman antecedentes de espionaje e injerencia extranjera detectados en el país, que refuerzan la preocupación sobre la vulnerabilidad del sistema informativo y de las instituciones democráticas.
Frente a este escenario, distintos países de la región debaten marcos legales y políticas públicas para enfrentar la desinformación, aunque muchas iniciativas aún no lograron convertirse en ley. En paralelo, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones civiles destacan la importancia de la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y el fortalecimiento del periodismo profesional como herramientas centrales para contrarrestar la manipulación informativa.
La desinformación digital no es solo un problema tecnológico: es una disputa por la calidad del debate público y la salud de la democracia. Comprender sus mecanismos y promover una ciudadanía informada y crítica aparece hoy como una condición indispensable para proteger los procesos democráticos.
Fuente: Informe “Campañas de desinformación promovidas desde el exterior”
Redacción: Hanami Jujuy
Acerca del autor
