En octubre de 2020, Patricia Bullrich se escandalizaba.El gobierno de Alberto Fernández impulsaba un organismo para “controlar” información y, desde la oposición, la entonces jefa del PRO denunciaba lo que describía como un avance peligrosísimo: el Estado queriendo decidir quién dice la verdad.
Bullrich lo dijo con tono de alarma democrática. Casi como si estuviera defendiendo un principio sagrado: la libertad de expresión no se negocia, y ningún gobierno debería montar una estructura oficial para señalar qué es verdadero y qué es falso.
Pero pasaron los años, cambió el gobierno… y cambió Bullrich.
Hoy, ya no desde la vereda de enfrente sino sentada en el corazón del poder, Bullrich forma parte de una gestión que impulsa algo sospechosamente parecido: la famosa “Oficina de la Verdad” de Javier Milei.Sí: la misma idea, con otro logo.
La verdad es un arma… si la empuña el Estado
La discusión no es nueva. El problema no es si existen noticias falsas (claro que existen).
El problema es quién se arroga el derecho de definir qué es mentira. Porque cuando el Estado crea una oficina para “desmentir”, “corregir” y “ordenar” el discurso público, se instala una lógica peligrosa:la verdad deja de ser un debate social y pasa a ser un decreto político.
Y ahí la pregunta no es si el gobierno combate la desinformación.La pregunta es otra, mucho más incómoda:¿Combatir fake news… o disciplinar la crítica?
Elqqrden” si gobiernan ellosLo que en 2020 era denunciado como autoritarismo, hoy se presenta como modernidad comunicacional.Y eso no es una casualidad: es una práctica política vieja, repetida, previsible.
Si lo hace el adversario, es censura.Si lo hace el propio gobierno, es “necesario”. Si lo denuncia un periodista, es “operación”. Si lo dice un funcionario, es “verdad”.
Así de simple.Bullrich: la ministra que se tragó su propio discurso
El caso de Bullrich es especialmente simbólico porque su frase de 2020 hoy vuelve como un búmeran.En aquel entonces advertía sobre el riesgo de que el Estado se convierta en árbitro moral de la verdad.
Hoy integra un gobierno que juega exactamente esa carta. La contradicción es tan evidente que casi no necesita análisis. La única explicación posible es brutalmente argentina:la verdad importa… dependiendo de quién la administre.
La “verdad oficial” siempre termina igual
Argentina ya vio esta película. Y siempre termina igual:Un gobierno crea una oficina para “ordenar” la información. Luego empieza a “marcar” medios.
Después, a “señalar” periodistas. Más tarde, a “escrachar” críticos. Y finalmente, a construir una idea peligrosa:si no repetís la línea oficial, sos enemigo.
La famosa “verdad” deja de ser un concepto. Se convierte en una herramienta.
Conclusión: cuando el Estado decide la verdad, la democracia se achica
Bullrich tenía razón en 2020. Lo que es llamativo es que hoy no lo recuerde.Porque el problema no era Alberto Fernández. El problema era la idea. Y esa idea —la del Estado como dueño de la verdad— sigue siendo igual de peligrosa, aunque la firme Milei y aunque la defienda el PRO.
Al final, la Argentina no cambia tanto:lo único que cambia es quién se queda con el micrófono.
Acerca del autor
